CARLOS ARGANDA  |  02.02.2020 – 20:00

La jornada Post Ispor 2019 ha sido el escenario de un interesante debate sobre algunos de los asuntos clave en materia de precio y financiación de medicamentos y, en general prestación farmacéutica, a los que habrá que dar respuesta a lo largo de los próximos meses y años.

Un debate en relación con materias tan relevantes como la necesidad de mayor inversión; la utilidad del convenio de Farmaindustria  y la Administración General del Estado; las políticas de sostenibilidad; o la transparencia de los precios han sido algunos de los asuntos tratados en una mesa formada por el director del departamento de Estudios de Farmaindustria, Pedro Luis Sánchez, la economista y miembro del Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica (CAFPF), Marta Trapero y el director de Farmacia del País Vasco, Jon Iñaki Betolaza.

La mesa, que ha estado dirigida por el director del Área de Farmacia y del Medicamento del Consorci de Salut y Social de Cataluña (CSC), Antoni Gilabert, y el Secretario General Organización Nacional de Trasplantes, Pedro Gómez Pajuelo, ha contado también con la visión del público asistente, principalmente responsables de Relaciones Institucionales y Market Access de compañías farmacéuticas, quienes a través de herramientas digitales respondieron a una serie de preguntas tanto antes de la celebración de la mesa como posteriormente sobre su visión de lo que debería ser y lo que finalmente sucederá en diferentes asuntos.

Recursos para el sistema

La primera cuestión abordada fue la necesidad de incrementar los recursos disponibles para la sanidad. El planteamiento era si incrementar directamente los presupuestos o si previamente había que eliminar todas las bolsas de ineficiencia. Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que lo prioritario es asegurar la eficiencia de todas las partidas, pero, tal y como explicó Betolaza, hay que dejar claro que para hacerlo posible “hay que evaluar”, ya que esta es la manera de asegurar en el tiempo que se identifican y tratan las ineficiencias.

El director de Farmacia del País Vasco, Jon Iñaki Betolaza, en una intervención durante la mesa.

Trapero, siguiendo la línea de Betolaza reclamó más presupuesto para el ámbito sanitario, pero destinado a la evaluación. “¿Hay suficientes recursos para evaluación?” se preguntó. Por ese motivo, consideró que elevar estos recursos es imprescindible ya que “tenemos déficit de recursos de evaluación y no podemos evaluar las ineficiencias si no hay esas estructuras”.

Por su parte, el representante de Farmaindustria consideró que más allá de eliminar las bolsas de ineficiencia, tampoco se puede olvidar que “el SNS tiene un problema de infrafinanciación clarísimo”. Sánchez planteó que en 2017 todavía no se había recuperado el presupuesto sanitario de 2009 en términos nominales y que, en términos reales, ajustando por el IPC, estábamos “un 11% por debajo. Además, recordó que en estos años la demanda se ha incrementado, por lo que “ha ido a más la necesidad de financiación”.

En esta materia de financiación se plantearon los posibles beneficios de los fondos finalistas. Ninguno de los miembros de la mesa los defendió o criticó claramente ya que, aunque “pueden ser útiles”, tienen “muchas incertidumbres” y los modelos que se han aplicado en otros países no han acertado cómo hacerlo sin crear desigualdades. El director de Farmacia del País Vasco, sí que pidió analizar el uso de estos fondos, a nivel europeo, para determinados medicamentos huérfanos cuya introducción al mercado se hace de forma precoz y con muchas incertidumbres.

Los asistentes como público a la jornada tuvieron la oportunidad de dar su valoración a la necesidad de recursos. Mientras que la mayoría (72%) consideraron necesario incrementar los recursos del sistema dedicados a medicamentos, eso sí después de haber eliminado las bolsas de ineficiencia, la mayoría consideró que esto no ocurrirá (72%). Igualmente, la mayoría ven positivos los fondos finalistas para la innovación, aunque no creen que eso llegue a suceder.

Convenio de Farmaindustria

El convenio de Farmaindustria fue otro de los asuntos abordados. Como no podía ser de otro modo, Sánchez defendió sus bondades. “Es un convenio positivo , un buen mecanismo para la sostenibilidad y las cuentas públicas” ya que, como quiso dejar claro, es un “acuerdo de gasto máximo, no de gasto mínimo”. No obstante, también consideró necesario actualizarlo ya que “solo afecta a la parte industrial del medicamento y no incluye a genéricos y biosimilares, por lo que quedan fuera otros sectores”. Además, Sánchez consideró un problema que el referencial del convenio sea el PIB real ya que para un sector industrial innovador, crecer por debajo del PIB nominal durante mucho tiempo “es un gran sacrificio” que, no obstante, se aceptó por la industria “en un ejercicio de responsabilidad”.

Marta Trapero, economista y miembro del Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica en una de sus intervenciones

Por su parte, Marta Trapero consideró también que es un pacto positivo, que demuestra el “compromiso” de la industria con la sostenibilidad del sistema y el acceso y dejó claro que le “gustaría que el compromiso se mantenga”. Eso sí, también reclamó que se incorporen “más agentes”.

Betolaza consideró también “positivo” el convenio ya que “abre un nuevo camino de relaciones”, aunque por la configuración legal del País Vasco no sea de aplicación a su autonomía. Con lo que no se mostró tan conforme es con el hecho de que se lleve mucho tiempo “atascados en el qué, quién y cómo”, en referencia a cómo ejecutar las devoluciones que se tienen que hacer por el exceso de gasto de 2018. “Un acuerdo debería ser interpretable lo más mínimo”, zanjó.

Esta cuestión fue también sometida a la opinión de los asistentes. La mayoría (71%) consideraron positivo el acuerdo y estimaron que debería renovarse ampliándose a otros agentes, si bien solo el 22% consideraron que así sucedería y que al final se quedará como está solo con Farmaindustria.7

Políticas de sostenibilidad

Con respecto a la puesta en marcha de políticas de sostenibilidad, Trapero que en este asunto señaló estar hablando como vocal del CAFPF, explicó que para hablar de valor y beneficio incremental es importante tener un buen comparador. A este respecto criticó a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que “no hace mucho para comparar con algo que no sea placebo”. Además, explicó que en esta materia el Comité Asesor ha planteado sus líneas estratégicas para los próximos dos años y destacó dos de ellas: “revisar los criterios y procedimientos de fijación de precio y financiación que sean homogéneos y explícitos, así como establecer políticas de fomento de competencia”.

Por su parte, el representante de Farmaindustria pidió abordar la sostenibilidad de manera integral y evaluar todo lo que aporta el medicamento. A este respecto, consideró necesario analizar “el valor clínico del medicamento y estudiar cómo se puede cambiar el abordaje en una patología y que procesos que antes se hacía ahora no” con la incorporación de un nuevo medicamento. Por ese motivo, consideró “relevante” ver el concepto de gasto farmacéutico como inversión, especialmente en un sistema separado por silos.

Pedro Luis Sánchez, director del departamento de Estudios de Farmaindustria.

Betolaza, por su parte destacó que hay un problema de competencia entre agentes. Por ese motivo, apostó por que desde los prestadores del servicio se debe “empezar a comprar de otro modo”. Según él no hay que comprar medicamentos “sino soluciones de valor” que consigan modificar la práctica clínica. A este respecto, consideró necesario “tener creatividad y hacer soluciones imaginativas que nos permitan aportar soluciones que resuelvan problemas al sistema más allá de las prácticas habituales”.

Información económica en el IPT

La necesidad o no de incorporar información económica en los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) fue uno de los asuntos en el que se vieron posiciones diametralmente opuestas entre el representante de Farmaindustria y sus otros dos compañeros de mesa. Sánchez defendió que los IPT solo buscan “comparar clínicamente los medicamentos”, por lo que “que cueste más o menos un fármaco no debe incluir en el lugar de un medicamento según lo que aporta”. Según el representante de Farmaindustria, el IPT debe ser “el denominador del ratio coste-efectividad incremental” y, posteriormente se deben evaluar los costes y ahorros, que serían el numerador.

Trapero, por su parte, expuso que el IPT se diseñó “para incorporar la información económica” y, además explicó que esa información debe estar disponible para la toma de decisiones. Betolaza por su parte también señaló como necesaria esa información en el IPT ya que “es un es un instrumento que ayuda a quienes tienen que tomar decisiones de financiación, precio y condiciones de uso”.

En este ámbito de la fijación de precio, el debate también analizó los precios por indicación. La metodología actual de asignar un precio inversamente proporcional al incremento de posibles beneficiarios a cuenta de la nueva indicación no tiene sentido para el representante de Farmaindustria. Según explicó, lo que está pasando es como si los precios de un nuevo medicamento oncológico se pusieran en función de los tratamientos anteriores de ese mismo laboratorio en diabetes, ejemplificó Sánchez. Tal y como quiso dejar claro, “conceptualmente, una nueva indicación es como un nuevo fármaco”, aunque reconoció que se trata de “reto enorme” ya que manejar diferentes precios por indicación “es difícil porque hace falta registros de pacientes”.

Con él coincidió Betolaza que apuntó como “importante” retribuir el valor del fármaco en cualquiera de sus indicaciones. “Habría que ir avanzando con algunos casos para ver si esas dificultades que se ven se pueden reducir”, explicó. En cualquier caso, Trapero consideró que “no hay un modelo de financiación para solucionar todos los problemas”, por ese motivo consideró necesario identificar diferentes fórmulas para aplicar en función de los tipos de medicamentos o patologías. “Nos vamos a tener que dedicar al arte” explicó.

El público asistente también consideró necesario (52%) fijar un precio para cada indicación, pero pocos (14%) creen que se hará finalmente así, sino que se seguirá haciendo como actualmente (76%).

A este respecto, señaló que en la actualidad se están haciendo experiencias de riesgo compartido “a veces más acertadas y otras menos”, pero quiso dejar claro que con el actual equipo ministerial con el que ha trabajado el CAFPF, “se ha visto un cambio y eso es positivo para todos”. A pesar de esta sintonía, Trapero también quiso dejar claro que hay discrepancias y que la visión que muestra el Comité Asesor se recoge en los informes que se publicarán sobre todas las actuaciones de las que informe y que ahí se podrá ver el grado de coincidencia con lo que finalmente apruebe el Ministerio.

Toni Gilabert y Pedro Gómez Pajuelo, moderaron la mesa y dirigieron antes de la misma los procesos de votación en los que participaron todos los asistentes

Otra cuestión que abordaron los participantes en la mesa fue analizar si es interesante una graduación de la innovación. Las visiones de los tres fueron poco entusiastas con esta materia. Para el director del departamento de Estudios de Farmaindustria lo importante es hacer una evaluación “exhaustiva de los beneficios y los costes”, y si se hace bien, la clasificación con una letra u otra es “accesoria”. Para la economista lo más importante no es la clasificación de la innovación, sino “saber para qué se va a utilizar y cómo va a influir en las decisiones”. Por su parte, el director de Farmacia vasco las vio con herramientas de ayuda al proceso de decisión y para el posicionamiento.

El público de la jornada también estimó necesario graduar la innovación y vincular la financiación según esta clasificación. Hasta el 69% de los asistentes apoyaron esta visión, si bien solo creen que sucederá el 13% y el 77% consideran que no será una prioridad para el futuro próximo.

Otros asuntos abordados fueron la transparencia de precio, que tuvo en contra a Farmaindustria y, en el caso del representante de la Administración se asumió la visión del Consejo de Transparencia; mientras que en cuanto a la participación de los ciudadanos en decisiones sanitarias y de precio, se consideró que previamente se debería normalizar la participación de los pacientes en el sistema y dar los pasos necesarios para que participen de igual forma en todas las comunidades autónomas.

Lo que sí dejó claro el representante de Farmaindustria es que, en materia de financiación de medicamentos, el Ministerio de Sanidad se debe comportar como un regulador, un árbitro que vele por los intereses de la sociedad en general y no solo los del agente comprador. “Las decisiones tienen que ser independientes de los intereses de un comprador y del vendedor”, explicó.

 

Por último, se habló sobre cuándo será posible tener resultados en salud y, a este respecto, quedó claro que ya se está trabajando, a través de Valtermed, en disponer de información relevante, por ahora en seis medicamentos, por lo que en unos pocos años “dará frutos”, explicó Marta Trapero, que también puso el énfasis en la calidad de los datos más allá de que se obtengan más pronto que tarde.

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